Tras el apartamiento de Alejandra Abrevaya por la recusación oficialista, la jueza Analía Romero salió sorteada para definir el proceso eleccionario xeneize a raíz de la denuncia realizada por Andrés Ibarra, uno de los candidatos a presidente de Boca Juniors. Sin embargo, podría apartarse por ser parte interesada: es socia activa del club sin previamente haber sido socia adherente.
Romero es subrogante del Juzgado Civil Número 64 desde el año pasado y es la titular a cargo del Juzgado Civil Número 40 del mismo distrito desde 2018. Su designación a cargo del Juzgado 40 se dio en un pliego presentado por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, y el expresidente Mauricio Macri.
De todas maneras, la mayor polémica no es esa: Romero es socia activa de Boca y llegó a ese status sin previamente haber sido socia adherente. Fue asociada el 5 de julio del 2013, es decir, durante la primera gestión de Daniel Angelici.
Esto cobra aún más relevancia porque es el origen de la denuncia de Ibarra, quien planteó que hubo un empadronamiento irregular de 13 mil socios adherentes durante estos últimos cuatro años. Lo acusa a Riquelme y a Ameal de fraude por hacer socios nuevos con un mecanismo que no solo había sido habilitado durante la presidencia de Angelici sino que ya había sido denunciado en 2015 y 2019, y en ambos casos la Justicia porteña se excusó porque eran cuestiones que debía resolver la Comisión Electoral del club.
Buena parte de los socios activos objetados por Ibarra y Macri fueron traspasados en épocas de la presidencia de Angelici. Entre ellos, figura nada más y nada menos que el hermano de la magistrada, Sebastián Abrevaya, exdirigente de la fuerza de Margarita Stolbizer, que se unió al macrismo.
En este escenario, el oficialismo encabezado por Riquelme, así como hizo por estas horas con Alejandra Abrevaya, podría recusarla a Romero por apego al espacio opositor. De ocurrir será nuevamente decisión de la jueza si acepta el señalamiento, lo que dilataría una vez más el caso de la suspensión de las elecciones.
De todas maneras, todo indica que el macrismo no apuesta a intervenir el club ni a depurar el padrón. Lo que busca es que se vote con el nuevo gobierno y con alguien afín en la IGJ, de manera de mover la estantería si la diferencia es chica.
En esa hipótesis no es imposible que terminen habilitando la elección el 17 de diciembre, cuando ya haya asumido Javier Milei. Un dato que tiene cierta relevancia es que la IGJ depende del Ministerio de Justicia. El futuro ministro será Mariano Cúneo Libarona, dirigente y abogado de Racing.