El líder de La Cámpora y diputado electo de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, pidió esta mañana formalmente en los tribunales de Comodoro Py ser querellante en la causa abierta por el espionaje ilegal a jueces y fiscales.
La investigación sobre los contenidos del teléfono de Ariel Zanchetta, un ex policía que trabajaba como espía inorgánico, determinó que sus objetivos no fueron solo los magistrados sino también dirigentes políticos, sindicales y periodísticos. Entre los “blancos” a los que investigó Zanchetta, estaba el nombre de Máximo Kirchner.
El escrito entregado en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, Kirchner manifestó: “
Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de
poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado”.
Junto a la firma de Máximo Kirchner, aparece la rubrica de quienes son sus representantes legales: Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra del Ministerio de la Mujer; y Marcos Aldazabal, el abogado que ya representa a Cristina Kirchner en la causa por el intento de asesinato en su contra.
Así, Máximo Kirchner se suma al pedido de otros funcionarios del Gobierno como
Rodolfo Tailhade, el ministro del Interior
Eduardo “Wado” de Pedro y el ministro de Economía y candidato presidencial
Sergio Massa, tras el primer impacto mediático por los diálogos de Zanchetta con Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de AFIP.
Consultado al respecto, Massa ironizó: “Si alguno hace 6 años se dedica a espiarme se debe haber aburrido mucho porque soy fanático de la política, el fútbol y los asados con amigos, no mucho más que eso”.
Desde la oposición, también lo han pedido el diputado y candidato a presidente por La Libertad Avanza,
Javier Milei, y su ex candidata a gobernadora,
Carolina Píparo. También el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias.
Dentro de la megacausa por espionaje, a fines de marzo pasado el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente. Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) pidió los primeros informes se encontró que con que en realidad eran cinco abonados adjudicados a Rosatti que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas. Entre ellas dos eran funcionarios judiciales: la jueza federal de Posadas María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz. El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
De la investigación, surgió que Zanchetta buscó los datos del juez Mariano Borinsky el mismo día en que fue hackeado en la base Sudamericadata, cuando fueron a averiguar más, el ex policía había buscado más de dos mil personas solo en 2022, lo que justificó diciendo que era periodista. Desde junio está preso.