
La vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner pidió la
indagatoria de Rosana Caputo, la hermana del ex presidente del Banco Central y secretario de Finanzas durante el Gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, por los pagos a la carpintería del líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal,
Jonathan Morel.
Los abogados de la ex mandataria,
José Ubeira y Marcos Aldazábal, señalaron que esos pagos de la empresa Caputo Hermanos a Morel por la supuesta fabricación de muebles para un edificio en Vaca Muerta, coinciden con actividades violentas de Revolución Federal.
También argumentaron que
"los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política".
La mujer, en concreto, es el vínculo entre Caputo Hermanos y Morel, ya que declaró haber conocido casualmente su carpintería, precisamente al pasar caminando por la zona del conurbano donde estaba emplazada, y resolvió encargarle, primero, muebles para un country y, después, la provisión para el edificio Espacio Añelo, en Vaca Muerta.
"Es necesario convocar a Rosana Caputo a prestar declaración indagatoria", reclama el pedido cursado al juez
Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la investigación sobre Revolución Federal.
Los abogados de la ex presidenta especularon que
"hay tres posibilidades respecto de la contratación de Morel" y enumeraron: "Una es que no haya hecho los muebles, o parte de los muebles, y que todas las transferencias hayan tenido por objeto, simplemente, financiar a Revolución Federal".
"Otra es que el Grupo Caputo le haya sobrepagado los trabajos, para darle dinero para financiar a Revolución Federal. Otra es que los trabajos se hayan hecho, y que contratar a Morel haya sido una forma de ayudarlo a tener un sustento mientras organizaba Revolución Federal", añadieron.
En la misma línea, precisaron que "la contratación de Jonathan Morel para la realización de la mueblería de Neuquén se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia contra miembros del Frente de Todos".
El escrito subraya que "el 25 de mayo la agrupación tuvo su primera aparición pública" y, coincidentemente, un día antes "se facturaron al fideicomiso Espacio Añelo, del Grupo Caputo, más de 2,4 millones de pesos".
El documento destaca también que la carpintería de Morel cesó los contactos con la de Francisco Javier Aris –a quien subcontrataba para los muebles de Vaca Muerta- el 30 de agosto de 2022, pese a que tenía trabajos pendientes de entrega. La cadena de pagos –añadió el escrito- "empezó cuando surgió Revolución Federal, y se esfumó cuando se desarmó la organización, tras el atentado fallido a la vicepresidenta".
HOMICIDAS Y COPITOS, A JUICIO ORAL
La defensa del detenido Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la Vicepresidenta y apurado como el resto de los imputados por que la causa quede como está y no se investigue más, aceptó que el caso sea enviado a juicio ante la "privación de libertad" del acusado.
Las defensas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte ya habían confirmado el proceso judicial. La defensa de Cristina, en cambio, exigió más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado, es decir, pide que se investigue más.
"Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible", sostuvo el defensor de Carrizo, Gastón Marano, otrora asesor del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio.
La jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, había pedido opinión al respecto a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1° de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo. Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían contestado de manera afirmativa la semana pasada, y ahora llegó la respuesta de Marano. Después de esto, Uliarte cambió de abogado y designó a un defensor particular, Carlos Telleldín.
Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, Capuchetti concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral. La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.