11.01.2023 / Política y justicia
Grave: denuncian que Comodoro Py "cajonea" el contrabando macrista de armas a Bolivia
El embajador argentino en Bolivia marcó que mientras la Justicia boliviana "avanzó con la investigación" por el envío ilegal de armas hecho por la gestión de Macri ante el golpe de estado que derrocó a Evo Morales, en los tribunales de Comodoro Py la causa "está cajoneada". Los detalles.
Pese a la gran cantidad de pruebas y a lo evidente de que un hecho de esa envergadura no puede haber sido orquestado por quienes oficiaron de transportistas, desde el Gobierno argentino denuncian que en Comodoro Py tienen "cajoneada" la causa por el contrabando de armas a Bolivia que realizó la gestión de Juntos por el Cambio y protegen así a Mauricio Macri.
"La Justicia boliviana, con todas sus contradicciones, por lo menos avanzó con la investigación por el contrabando de armas durante el golpe de estado a Evo Morales. En la Argentina lamentablemente la causa está cajoneada. A pesar de tener capacidad de convocar a los funcionarios del Gobierno del expresidente Mauricio Macri, cortaron el hilo por lo más fino y solo llamaron a declarar a los gendarmes que acudieron a resguardar la embajada argentina en Bolivia", afirmó Basteiro entrevistado por El Destape.
La investigación cobró fuerte impulso en Bolivia tras descubrirse una carta enviada por el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, al embajador argentino Normando Álvarez García agradeciéndole por las 70.000 municiones enviadas en noviembre de 2019 a la nación del antiplano, tal como consignó Télam.
Esas armas que mandó la gestión de Macri llegaron a policías y la Fuerza Aérea boliviana y fueron usadas para ayudar a la represión del régimen dictatorial de Jeanine Añez contra los simpatizantes del gobierno depuesto, que se manifestaban pacíficamente.
"Estamos ante un continente en disputa, con las derechas cada vez más reaccionarias. Como pasó en Perú, en Brasil y en Colombia en las últimas semanas", apunto el embajador.
Asimismo, Basteiro agregó que cuando la derecha no logra hacerse con el gobierno a través del voto popular, "utiliza cualquier acción para romper con la democracia".
QUÉ ES LO ÚLTIMO QUE HIZO COMODORO PY CON LA CAUSA
A poco más de tres años desde que el contingente de gendarmes salió de Argentina con la excusa de ir a custodiar la embajada argentina en La Paz tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, el avance del expediente en la justicia local es escaso y todavía no hubo un solo avance sobre el gobierno de Macri.
Hace 16 meses, la administración de Alberto Fernández denunció que, en realidad, el traslado del Grupo Alacrán obedeció a la necesidad de poner balas en manos de las fuerzas que sofocaban cualquier resistencia al golpe en Bolivia. Es lo que considera también la justicia boliviana.
En la causa local están imputados Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre muchos otros que integraron el gabinete de Juntos por el Cambio y los altos mandos de Gendarmería, pero nada apunta a que vayan a ser llamados a, al menos, dar explicaciones ante los estrados judiciales.
Lo último que se supo, antes de la feria judicial, es que el juez a cargo del expediente, Alejandro Catania, tomó declaraciones testimoniales hasta el 27 de diciembre, con gendarmes en la mira, y que el objetivo derivaría también en los funcionarios de Aduana que intervinieron, de algún modo, en la salida del material bélico.
Además de Macri, están imputados varios de sus colaboradores más cercanos, como Bullrich, Oscar Aguad, Marcos Peña, Jorge Faurie, el exembajador Normando Álvarez García, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo o el entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero. A ninguno, aunque parezca increíble, se lo convocó siquiera a dar explicaciones.
En la madrugada del 13 de noviembre de 2019, el avión llegó al hangar de los Diablos Negros. Allí, bajaron los gendarmes y la carga y subieron los parientes de los diplomáticos que buscaban regresar al país en medio de la violencia que se había desatado en Bolivia.
Según la documentación que localizó Bolivia, ese miso día se repartieron las 70.000 balas 12/70 entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía local.
La FAB se quedó con 40.000 cartuchos, publicó Página 12 tras el hallazgo de una nota de agradecimiento por parte del comandante de ese cuerpo. El resto de las balas terminó en un almacén de la Policía Boliviana.
Mientras la dictadura boliviana "tramitaba" la autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para llevarlas como “complemento”, en la Casa Rosada se reunían en el despacho de Marcos Peña la entonces ministra Bullrich con los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad. Luego, el jefe del Grupo Alacrán, Fabián Salas, avisó a la FAA que también llevarían ese material.
Uno de los testigos que dio un panorama general fue Oscar Alejandro Bassini, quien actualmente está retirado de la FAA. Bassini había sido agregado de la fuerza en La Paz entre 2017 y 2018. Por eso, fue elegido como tripulante especial para el vuelo. Según declaró, le avisaron en la tarde del 11 de noviembre que viajarían. El dato es relevante porque apunta hacia una irregularidad que tiene al excanciller Jorge Faurie como protagonista: el 12 de noviembre mandó una nota a Bullrich y al entonces ministro de Defensa Oscar Aguad pidiéndoles que enviaran una comitiva a Bolivia. La pregunta es cómo podía saber un tripulante que iba a viajar si el pedido se cursó después. La respuesta probablemente apunte a que se tomó la decisión política de enviar los gendarmes y las balas y después se armó el papelerío.
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