La jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó a cargo de la causa denominada "mesa judicial" que habría funcionado para presionar a magistrados durante el Gobierno de Mauricio Macri. La decisión fue del juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, quien resolvió un conflicto por conexidad de diferentes denuncias presentadas en dos juzgados.
Bruglia decidió que el caso se tramite en el juzgado de Capuchetti porque su investigación "evidencia un objeto procesal más amplio", con varias denuncias "en contraposición a sólo dos que versan sobre un mismo hecho, tramitadas ante el Juzgado Federal N° 12", concluyó Bruglia.
El juez resolvió que Capuchetti tenga a cargo la investigación
"teniendo en cuenta esta mayor dimensión fáctica -la que aún no se encuentra limitada-, la multiplicidad de hechos y posibles víctimas que podría determinar eventuales enfoques jurídicos distintos". También ponderó "el avance de la investigación y el conocimiento adquirido a la fecha de las constancias incorporadas al proceso".
Todo ello "impone como razonable en este momento de análisis,
a los efectos de evitar un retardo en las actuaciones y garantizar la mejor y más pronta administración de justicia, que sea el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 el que prosiga con el trámite de los actuados".
En la causa conocida como Mesa Judicial, que ya reúne los testimonios de la exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, están imputados el expresidente Macri, su asesor judicial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y el exministro de Justicia Germán Garavano.
Como se contó a lo largo de todo el proceso, la causa ya estaba en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y delegada en el fiscal Franco Picardi.
En agosto, la jueza se desprendió del caso al considerar que el Juzgado Federal N°12, que actualmente está vacante y subroga su colega Ariel Lijo tenía desde antes una denuncia similar vinculada a supuestas presiones que habría recibido el juez Alejo Ramos Padilla.
Antes, Capuchetti había recibido el caso de manos del juez Sebastián Ramos, con quien también se había entablado un conflicto de competencia.
En julio de 2020, Ramos también se había desprendido al considerar que Capuchetti tenía una denuncia anterior. En aquel momento el camarista Martín Irurzun se inclinó por la competencia de la magistrada.
Por su parte, el juez Lijo consideró ahora que se trata de objetos procesales diferentes, por lo que decidió no tomar el caso. El conflicto debió entonces ser definido por la Cámara Federal, en el caso el juez trasladado Leopoldo Bruglia, ya que Irurzun está excusado.