La interna libertaria encendió otro foco en estos últimos días, luego de que el oficialismo se quedara sin quórum en la Cámara de Diputados y debiera postergar el tratamiento de la
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que desataron nuevos reproches del entorno de
Santiago Caputo contra Martín Menem. La disputa volvió a exponer las tensiones dentro del Gobierno y demoró el avance de un proyecto que incluye una disposición de especial interés para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Dicho episodio expuso las debilidades de La Libertad Avanza para ordenar a sus aliados y garantizar el avance de una iniciativa que, además de los puntos vinculados con la soberanía, contiene una medida central para los planes de Caputo sobre los servicios de inteligencia.
La iniciativa, que contiene 154 artículos, incorpora en uno de sus apartados el nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Se trata de un anexo de 32 páginas, aprobado mediante el Decreto 1021/2026 y firmado en septiembre, que establece las condiciones de ingreso, carrera, remuneraciones, sanciones y permanencia de los agentes. Si la norma obtiene respaldo parlamentario, el estatuto quedará incorporado a una ley y cualquier modificación futura requerirá otra ley, en lugar de poder realizarse mediante un decreto presidencial.
La inclusión de ese régimen busca darle mayor respaldo jurídico a la reorganización de los organismos de inteligencia que impulsó el Gobierno desde que
Javier Milei restituyó la denominación SIDE y modificó la estructura del área. Santiago Caputo convirtió a la Secretaría en uno de sus principales espacios de influencia dentro de la administración libertaria, y la conducción actual, a cargo de Cristian Auguadra, avanzó con cambios en el funcionamiento y la composición del organismo.
Entre las medidas implementadas figura una convocatoria pública para incorporar personal a través de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que recibió más de 40.000 postulaciones en sus primeras 24 horas, a comienzos de noviembre. Al mismo tiempo, la SIDE redujo su plantilla y cerró delegaciones provinciales, en el marco de un rediseño que apunta a una estructura más pequeña y orientada al análisis. El nuevo régimen comenzará a regir el 1 de enero de 2027.
El estatuto también otorga amplias facultades a la conducción de la SIDE para definir aspectos de la carrera de los agentes, los componentes salariales, los ascensos y el régimen disciplinario. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, aunque sus definiciones quedarán sujetas a normas internas. Entre las sanciones previstas figuran la cesantía y la exoneración. La Inspectoría General de Inteligencia, encabezada por Diego Valdiviezo, tendrá a su cargo la supervisión de las investigaciones.
Además, contempla la posibilidad de incorporar personal retirado de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como contratar servicios externos. También establece condiciones para los viajes de los agentes. En cuanto a quienes ya trabajan en el organismo, la transición deberá contemplar la antigüedad, las categorías y los ascensos pendientes, aunque esos aspectos quedarán bajo la órbita de las autoridades de la Secretaría.
Entre los trabajadores actuales persiste la desconfianza por los cambios y hay quienes cuestionan que el proceso pueda favorecer el ingreso de personas vinculadas a la conducción.
El oficialismo había conseguido el dictamen en comisión con el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados, pero no logró reunir los apoyos necesarios para abrir la sesión. A las diferencias por la iniciativa de soberanía se sumaron desacuerdos en torno a las modificaciones al Código Penal.
La caída del debate también dejó en suspenso una vía elegida por el Gobierno para avanzar con cambios en Inteligencia: a comienzos de año, el equipo de Caputo había evaluado presentar una nueva Ley de Inteligencia, pero nunca ingresó formalmente al Congreso. Esta vez, el Ejecutivo incluyó el estatuto dentro de otro proyecto para intentar darle rango legal.