El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos por el triple lesbicidio cometido en mayo de 2024 en un hotel del barrio porteño de Barracas. Los jueces determinaron que los asesinatos de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, así como el intento de homicidio de Sofía Castro Riglos, estuvieron motivados por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas. La sentencia constituye un precedente histórico para el reconocimiento judicial de los crímenes de odio contra mujeres lesbianas en Argentina.
El ataque ocurrió durante la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2024, cuando Barrientos arrojó un balde con combustible dentro de la habitación que compartían las cuatro mujeres y provocó un incendio. Durante el juicio, los testimonios permitieron reconstruir que el agresor hostigaba reiteradamente a las víctimas por su orientación sexual. También se determinó que, después de iniciar el fuego, cerró la puerta de la habitación y golpeó a una de las mujeres que intentaba escapar. Castro Riglos fue la única sobreviviente de la masacre.
La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Cinthia Oberlander, Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat, quienes consideraron a Barrientos responsable de homicidio agravado con ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual, además de tentativa de homicidio bajo las mismas circunstancias. Sin embargo, el tribunal no utilizó expresamente la denominación de lesbicidio en su resolución oral, una cuestión que las querellas buscarán revisar cuando se conozcan los fundamentos escritos. “Para nosotras es importante el nombre que se le da a estos hechos. Es importante que sea reconocido como lesbicidio”, sostuvo Lucía Sánchez, abogada de la sobreviviente.
El proceso judicial también estuvo atravesado por cuestionamientos a la investigación inicial. Las representantes de las víctimas denunciaron irregularidades en la preservación de pruebas, demoras en los análisis periciales y decisiones judiciales que inicialmente no contemplaron el componente discriminatorio del ataque. Además, solicitaron medidas de reparación para Castro Riglos, entre ellas una pensión por su vínculo con Amarante, la creación de una fiscalía especializada en derechos LGBTIQ+ y la transformación del inmueble donde ocurrió la masacre en un espacio de memoria. Ninguna de estas propuestas fue admitida por el tribunal.
Desde la Federación Argentina LGBT destacaron la importancia del fallo para el reconocimiento de la violencia ejercida contra las diversidades sexuales. Su presidenta, María Rachid, manifestó: “Nos genera tristeza, por supuesto, que estas cosas sigan pasando a pesar de todos los derechos reconocidos en Argentina, pero también hoy nos alegra que la justicia, con este fallo, esté señalando que es necesario un Estado presente para que esto no vuelva a pasar”. En las puertas de los tribunales, organizaciones y colectivos de lesbianas celebraron la condena y reiteraron el reclamo de justicia, reparación y políticas públicas que permitan prevenir nuevos crímenes de odio.