14.11.2026 / CHILE
Kast enfrenta su primera crisis y cede ante el paro de camioneros
A ocho meses de asumir la presidencia de Chile, José Antonio Kast enfrentó su primer gran conflicto social con un paro de camioneros que bloqueó parcialmente rutas en distintas regiones. Tras tres días de protestas y varias propuestas rechazadas, el Gobierno acordó una rebaja de 142 pesos por litro para el diésel y congelar nuevas alzas de los combustibles hasta marzo de 2027.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, atravesó la primera gran crisis política y social de su Gobierno a ocho meses de haber asumido el poder. Un paro iniciado por pequeños y medianos camioneros contra el aumento de los combustibles se extendió durante tres días, provocó bloqueos parciales en algunas de las principales rutas del país y obligó a La Moneda a modificar sucesivamente sus propuestas hasta alcanzar un acuerdo con los transportistas.
El conflicto terminó con una concesión considerablemente mayor a la planteada inicialmente por el Ejecutivo: el Gobierno acordó revertir la última suba de 42 pesos por litro de diésel y 39 pesos en las gasolinas, aplicar una reducción adicional de 100 pesos al diésel y suspender nuevas alzas hasta el 31 de marzo de 2027. En total, el combustible utilizado por los transportistas tendrá una rebaja de 142 pesos por litro respecto del precio vigente el 12 de noviembre.
La protesta significó el primer desafío callejero de magnitud para Kast desde que asumió la presidencia el 11 de marzo. El conflicto resultó especialmente sensible para un mandatario que hizo del restablecimiento del orden público y del cumplimiento de la ley dos de los ejes centrales de su llegada a La Moneda.
Cómo comenzó el conflicto con los camioneros
El origen de las protestas estuvo en el fuerte aumento del precio de los combustibles. Según El Mostrador, el diésel acumulaba desde marzo un incremento de alrededor de 580 pesos por litro, mientras los pequeños y medianos transportistas denunciaban que las tarifas de los fletes no se habían actualizado al mismo ritmo.
Las primeras movilizaciones comenzaron el lunes 9 de noviembre en ciudades como Los Ángeles, Osorno y Curicó. Un día después se lanzó una convocatoria nacional y aparecieron bloqueos parciales en la Ruta 5 Norte y Sur, la Ruta 68 y accesos a instalaciones portuarias. Al reclamo se incorporaron posteriormente buses interurbanos, taxistas, colectiveros y otros sectores del transporte.
La particularidad fue que la protesta no estuvo inicialmente encabezada por las dos grandes organizaciones tradicionales del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), sino principalmente por agrupaciones de pequeños y medianos propietarios del norte y centro-sur del país.
Los manifestantes reclamaban una reducción del precio del diésel, cambios en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), modificaciones al impuesto específico, una revisión de los peajes y del TAG y mecanismos para actualizar los valores de los fletes según los costos reales del transporte.
Una propuesta detrás de otra
La respuesta del Gobierno fue cambiando a medida que aumentaba la presión en las rutas. La primera propuesta de La Moneda fue limitar a 20 pesos por litro las futuras subas de los combustibles durante 90 días. Los camioneros consideraron insuficiente la iniciativa porque no implicaba una reducción de los precios que ya estaban pagando.
El Ejecutivo retiró entonces el proyecto del Congreso mientras negociaba con los transportistas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que no tenía sentido continuar la discusión parlamentaria de una propuesta mientras negociaba condiciones diferentes con los gremios.
La segunda oferta fue más amplia: congelar las alzas hasta el 3 de febrero de 2027, revertir el incremento de 42 pesos para el diésel y 39 pesos para las gasolinas y extender beneficios tributarios para los transportistas. Tampoco alcanzó. Los sectores movilizados exigían 120 días de congelamiento y mantuvieron los bloqueos.
Con las protestas todavía activas, Kast endureció públicamente su discurso. "¿Derecho a manifestarse? Sí. ¿Derecho a bloquear carreteras? No", afirmó el mandatario, mientras su Gobierno advertía que podía recurrir a la Ley de Seguridad del Estado para despejar las rutas. Kast incluso apeló al recuerdo del estallido social de 2019: "No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación", sostuvo.
Pero mientras el Presidente endurecía el mensaje hacia los manifestantes, sus ministros continuaban negociando en La Moneda.
El acuerdo que terminó con el paro
La tercera propuesta finalmente destrabó el conflicto. El Gobierno acordó con la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur revertir los últimos incrementos y sumar una baja adicional de 100 pesos por litro para el diésel.
El resultado será una reducción total de 142 pesos por litro respecto del valor vigente el 12 de noviembre. Además, el congelamiento de nuevas alzas, que inicialmente llegaba hasta febrero, fue extendido hasta el 31 de marzo de 2027. Los precios podrán bajar si disminuyen los valores internacionales, pero no podrán superar el techo establecido por el acuerdo.
También se incrementará la devolución del impuesto específico al diésel. Los transportistas más pequeños podrán recuperar hasta el 90%, mientras que se establecieron porcentajes del 65% y 50% para los segmentos de mayor facturación. Para los buses interurbanos, en tanto, el reintegro de peajes aumentará del 35% al 70%.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estimó en unos 500 millones de dólares el costo fiscal de las medidas acordadas. Tras el anuncio, los principales gremios movilizados aceptaron levantar las protestas, aunque algunas organizaciones independientes anticiparon que podrían continuar con medidas en determinados puntos del país.
La primera prueba de fuego para Kast
Más allá del precio de los combustibles, la crisis dejó una primera señal sobre la capacidad de reacción política de una administración que llegó al poder hace apenas ocho meses.
El propio recorrido de las negociaciones mostró las dificultades del Ejecutivo para anticipar el conflicto. En cuestión de días, La Moneda pasó de limitar futuras subas a congelarlas; luego amplió el período de congelamiento y finalmente aceptó una reducción directa del diésel y mayores beneficios tributarios.
Analistas consultados por BioBioChile apuntaron justamente a ese problema. Roberto Mardones, director de la Escuela de Gobierno y Administración Pública, señaló que el Ejecutivo tiende a reaccionar una vez que los conflictos ya adquirieron dimensión pública, mientras Eugenia Dos Santos, académica de la Universidad de Santiago, vinculó esas dificultades con la falta de experiencia gubernamental del Partido Republicano.
La contradicción fue además particularmente incómoda para Kast. El Presidente intentó sostener durante la crisis que las manifestaciones eran legítimas pero los bloqueos no, y llegó a invocar el recuerdo del estallido social para defender el libre tránsito. Sin embargo, la continuidad de las protestas terminó llevando al Gobierno a mejorar dos veces su propuesta hasta conseguir que los camioneros abandonaran las rutas.
Para un Gobierno que hizo del orden uno de los pilares de su discurso político, el episodio dejó además una primera advertencia: ocho meses después de llegar a La Moneda, Kast comprobó que controlar las rutas puede requerir algo más que reclamar el cumplimiento de la ley.
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