22.10.2026 / DEBILIDAD
Derrotero libertario en discapacidad: del ajuste y la corrupción al retroceso en el Congreso
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno enfrenta los reclamos del sector de discapacidad, a los que ahora se sumó la Iglesia. Tras el ajuste y la causa judicial por corrupción, debió ceder el miércoles en el Congreso y aceptar cambios a su proyecto para conseguir su aprobación en Diputados.
El Gobierno acarrea unas semanas difíciles en torno a la discusión por el proyecto de Discapacidad y las consecuencias derivadas del ajuste en el área. La resistencia de las organizaciones, las críticas de la Iglesia y las diferencias dentro del oficialismo obligaron a La Libertad Avanza a modificar su estrategia. El jueves, para lograr la aprobación de su iniciativa en Diputados, el bloque se vio obligado a aceptar cambios que había resistido durante las negociaciones.
Tres años de ajuste y lucha en Discapacidad
El conflicto se arrastra desde el inicio de la gestión. En 2024, el Gobierno avanzó con el decreto 843, que endureció los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas y restableció la incompatibilidad con el trabajo formal. Ese mismo año, las auditorías impulsadas por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) derivaron en suspensiones de prestaciones y fuertes críticas por parte de las organizaciones del sector.
El mismo año, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había dejado trascender un borrador que reapareció en el proyecto de Presupuesto 2027: el artículo 39 del capítulo VI elimina el nomenclador único que fija aranceles para servicios de salud, rehabilitación y transporte, y habilita valores diferenciados para obras sociales y prepagas. Además, el proyecto reemplaza la actualización mensual de las prestaciones por una trimestral y elimina el estudio anual de costos.
Al respecto de eso último, las organizaciones denuncian que los aumentos actuales ya implican un ajuste real cercano al 40% y que el Gobierno tampoco cumple plenamente con la emergencia vigente.
La resistencia se trasladó a las calles, al Congreso y a los tribunales. Las organizaciones y las familias reclaman la continuidad de la emergencia, la suspensión de las pensiones -que a principio de ese año alcanzaban a más de 100.000 usuarios-, y denuncian el incumplimiento de la ley.
Presión de la Iglesia
A este panorama se añade la presión por la llegada del papa León XIV, cuyo itinerario en la Argentina incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. La histórica institución, que alberga a unas 400 personas con discapacidad, atraviesa una situación crítica por las demoras en los pagos de prestaciones por parte del Estado y un faltante de medicamentos que ronda los $700 millones.
En la antesala de la visita papal, la Iglesia elevó múltiples reclamos. Uno de ellos llegó esta semana desde la Pastoral Social del Episcopado, durante reuniones con bloques del Congreso. Allí, adviertieron sobre las consecuencias del ajuste y defendieron la prórroga de la emergencia. Incluso, parafrasearon al papa Francisco para expresar su discrepancia: “Por tener superávit fiscal no se puede tener bancarrota humana”. Posturas similares sostienen el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina, Ángel Rossi.
Corrupción
Es pertinente recordar las denuncias de corrupción en la exANDIS. Diego Spagnuolo, el exfuncionario cercano a Javier Milei que dejó el organismo tras la difusión de audios sobre presuntas coimas que involucraban a proveedores y salpicaban a Karina Milei, está procesado por asociación ilícita.
La investigación del fiscal federal Franco Picardi apunta a presuntas contrataciones direccionadas, sobreprecios y pagos ilegales del 20% a prestadores. A ese escándalo se sumó una auditoría oficial que detectó un desfasaje contable de más de $158.717 millones en los registros de deuda del organismo.
Interna y retroceso en Diputados
Las diferencias en el propio oficialismo no tardaron en aparecer. En las últimas semanas, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó que el ajuste volviera a incluirse en el Presupuesto 2027 y se despegó de una decisión que, según su lectura, afectaría al Gobierno en el Congreso. Actualmente, persisten dos posturas contrarias entre los legisladores libertarios, que insisten en negociar con aliados, y el núcleo de la Casa Rosada, que se resiste a aceptar obligaciones presupuestarias adicionales.
El conflicto impactó sobre el tratamiento del proyecto oficialista en Diputados. Después de que la oposición forzara el tratamiento de la emergencia y condicionara su apoyo a cambios concretos, el bloque libertario terminó cediendo modificaciones sobre el financiamiento, los requisitos para acceder a las pensiones, la continuidad de la cobertura de salud y el pago de las deudas con prestadores. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones y pasó al Senado.
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