La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó formalmente sin efecto la condena de US$ 16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF, al modificar la sentencia original e incorporar la resolución favorable al país que dictó la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en marzo de 2026.
El fallo original se había dictado en septiembre de 2023, cuando Preska condenó al Estado argentino por no haber realizado una oferta pública de adquisición de acciones durante la estatización de la petrolera. La Cámara de Apelaciones revocó esa decisión al considerar que los reclamos contractuales de los antiguos accionistas minoritarios no tenían sustento jurídico bajo el derecho argentino aplicable.
Ahora, la magistrada formalizó ese cambio mediante una amended final judgment, o sentencia definitiva modificada. Sin embargo, la medida cierra esta etapa ante el juzgado de primera instancia, pero no pone fin a la disputa judicial.
Por su parte, los fondos demandantes Petersen Energía y Eton Park buscan revertir el resultado y presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos a comienzos de octubre. El litigio está vinculado con Burford Capital, la firma que adquirió derechos económicos relacionados con el reclamo.
Por el momento, resta esperar la decisión de la Corte Suprema. En caso de rechazar el recurso de los demandantes, se mantendrá el fallo favorable a la Argentina. Si acepta intervenir, el litigio continuará en esa instancia.
El transfondo
El conflicto se originó en 2012, cuando el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner impulsó la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. Los accionistas minoritarios reclamaron una compensación porque consideraron que el Estado debía haber realizado una oferta pública para adquirir sus participaciones al tomar el control de la compañía.
En 2023, Preska aceptó ese planteo y fijó una indemnización de aproximadamente US$ 16.100 millones, incluidos daños e intereses. La Cámara de Apelaciones revirtió la condena en marzo de 2026 y también mantuvo el rechazo de los reclamos contra la propia YPF, que no quedó alcanzada por aquella obligación de pago.