09.10.2026 / RECURSOS ESTRATÉGICOS

La Pampa desafía a Milei y busca prohibir la venta de tierras estratégicas a extranjeros

El gobernador Sergio Ziliotto envió a la Legislatura un proyecto que prohíbe la venta de tierras con recursos naturales estratégicos a extranjeros y establece límites a la concentración de propiedades rurales. La iniciativa surge después de que el Gobierno nacional derogara la Ley de Tierras y busca recuperar herramientas de protección sobre el territorio provincial.





El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de Ley de Tierras Rurales que busca limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros y proteger los recursos naturales estratégicos. La iniciativa constituye una respuesta a la derogación de la Ley Nacional de Tierras impulsada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023.

La propuesta establece la prohibición absoluta de vender a personas o empresas extranjeras terrenos que contengan o sean lindantes con ríos, acuíferos, lagunas, humedales, bosques nativos y áreas naturales protegidas. Además, impide que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera puedan adquirir tierras rurales dentro de la provincia.

El proyecto también fija un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto para el conjunto de la provincia como para cada uno de sus departamentos. De ese porcentaje, ninguna nacionalidad podrá concentrar más del 30%.

Qué establece la nueva Ley de Tierras de La Pampa

La iniciativa presentada por Ziliotto recupera buena parte de los criterios establecidos en la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y derogada por Milei en diciembre de 2023.

Uno de sus puntos centrales es la protección de los recursos naturales considerados estratégicos. En caso de aprobarse, los extranjeros no podrán adquirir propiedades rurales que incluyan o colinden directamente con ríos, acuíferos, humedales, lagunas, bosques nativos o áreas protegidas.

Para las tierras que no estén comprendidas en esas prohibiciones, el proyecto establece límites de superficie según la productividad de cada región.



De acuerdo con los criterios establecidos por la legislación agraria provincial, las personas físicas y jurídicas extranjeras podrán poseer entre 1.000 y 20.000 hectáreas como máximo, dependiendo de la ubicación y las características productivas de los terrenos.

La propuesta también contempla excepciones para extranjeros con arraigo en el país. Entre ellas, quienes acrediten 10 años de residencia o cinco años de residencia y determinados vínculos familiares con ciudadanos argentinos.

La derogación de la Ley de Tierras de Cristina Kirchner

La iniciativa pampeana se produce en medio de una disputa nacional por la regulación de la propiedad rural.

En 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso sancionó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, que estableció restricciones a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

Entre sus principales disposiciones figuraban un límite del 15% de tierras rurales extranjerizadas a nivel nacional, provincial y departamental, restricciones a la concentración de propiedades por personas de una misma nacionalidad y límites a la superficie que podía adquirir un mismo titular extranjero.

Sin embargo, en diciembre de 2023, Javier Milei dispuso la derogación de esa legislación mediante el DNU 70/2023, como parte de su programa de desregulación económica.

La medida fue cuestionada judicialmente y su aplicación quedó atravesada por distintas resoluciones. A fines de septiembre de 2026, la Corte Suprema revocó por razones procesales un fallo que había declarado inconstitucional la derogación, sin resolver la cuestión de fondo.

Ese escenario reactivó el debate sobre la extranjerización de las tierras rurales y la capacidad del Estado para regular la adquisición de territorios considerados estratégicos.

La Pampa reivindica la soberanía provincial sobre los recursos naturales

El proyecto de Ziliotto también plantea una discusión sobre las atribuciones de las provincias frente al Gobierno nacional.

La administración pampeana fundamentó la iniciativa en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen las competencias no delegadas por las provincias y establecen que estas tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Asimismo, invocó los artículos 18 y 33 de la Constitución provincial, que establecen obligaciones vinculadas con la protección ambiental y reconocen la función social de la propiedad.

De esta manera, el Gobierno pampeano busca construir un marco normativo propio que permita controlar la adquisición de tierras rurales, incluso ante la ausencia de una legislación nacional que establezca restricciones equivalentes.

La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y los límites a la concentración de la propiedad de la tierra.

Si la Legislatura aprueba el proyecto, La Pampa contará con un régimen provincial de protección de tierras rurales, en contraste con la política de desregulación promovida por el Gobierno de Milei.