
La crisis de Flybondi alteró el ranking de quejas ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Según un pedido de acceso a la información pública de La Nación, los servicios de transporte aéreo acumularon 14.946 reclamos entre enero y julio de 2026.
Es el segundo rubro más denunciado, detrás de los servicios financieros y seguros (34.273) y, como para graficar la magnitud del cambio, por delante incluso de las comunicaciones (13.695). En 2025 ese rubro estaba en el octavo lugar.
Flybondi explica por sí sola gran parte de ese salto: 10.237 de esos reclamos son contra la aerolínea. Es la empresa más denunciada del año, por delante de Mercado Libre (9.584) y del Banco Nación (4.134). En 2025 ocupaba el noveno lugar.
Los reclamos empezaron a crecer en diciembre de 2025 y desde marzo se mantienen en torno a 1.600 por mes. Al menos la mitad se debe a cancelaciones o suspensiones de vuelos. Le siguen el no reconocimiento de pagos, la falta de procesamiento de bajas y el incumplimiento de ofertas. Las provincias más afectadas fueron Jujuy, San Juan, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.
Cancelaciones sin reembolsos
Entre enero y julio, la empresa canceló 2.325 vuelos y no devolvió el dinero a ninguno de los pasajeros afectados. Un relevamiento privado citado por Chequeado indica que en agosto canceló el 80,5% de sus vuelos. La aerolínea además enfrenta pedidos de quiebra de proveedores y reclamos de ex trabajadores por indemnizaciones impagas, y días atrás se presentó en concurso preventivo.
El concurso complica el cobro de los pasajeros, que ahora deberán presentarse como acreedores. El presidente de la asociación de consumidores Adduc, Osvaldo Bassano, estimó que podrían esperar entre cinco y diez años, y lo calificó como "una barbaridad jurídica".
El abogado especialista en turismo Santiago Aramburu fue más allá y cuestionó la actuación estatal: "Defensa del Consumidor no pudo o no quiso comunicar a la ANAC lo que estaba pasando, o ANAC miró para otro lado". Recordó además que en Brasil le restringieron la venta a la empresa a fines de julio.
De la apertura de Macri al nuevo dueño
Flybondi comenzó a operar en 2018, durante la apertura aerocomercial del gobierno de Mauricio Macri que militaba fervientemente el ex funcionario Guillermo Dietrich. "Revolución de los aviones", le decían.
A mediados de 2025 cambió de manos y su principal inversor pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, a quien distintos medios atribuyen vínculos estrechos con el Gobierno de Javier Milei y cercanía con Santiago Caputo, e incluso un pasado ligado a los servicios paraestatales de inteligencia.
Con la política de "cielos abiertos" de la actual gestión, las low cost recibieron más posiciones nocturnas en Aeroparque, nuevas rutas, la desregulación del servicio de rampas y flexibilizaciones como operar con tripulaciones extranjeras y aviones arrendados. Ni la flexibilización, ni los favores ni la competencia sirvieron a Flybondi.
Alertas oficiales y respuesta tardía
Los problemas no son nuevos. Ya en diciembre de 2024, fuentes oficiales dijeron que "el Gobierno se hartó" de los incumplimientos y evaluaron quitarle rutas o la habilitación. La ANAC intimó a la empresa a presentar un plan correctivo y en 2025 le aplicó multas superiores a los 300 millones de pesos.
En enero de 2026, el organismo labró nuevas actas de infracción por cancelaciones sin aviso, con más de 22.000 pasajeros afectados en cinco días. La consultora Adventus calculó que en mayo de 2025 la ANAC logró reducir las cancelaciones, que bajaron del 10,40% al 3,96% en julio. Pero la tendencia se revirtió. En lo que va de 2026 la tasa de cancelaciones es del 22,8%, la más alta entre las aerolíneas del país.
Menos reclamos en total, pero un caso testigo
El total de reclamos ante Defensa del Consumidor viene bajando. Entre enero y julio de 2026 se registraron 158.091, frente a 182.190 en todo 2025 y 229.424 en 2024. El caso Flybondi, sin embargo, concentra un tipo de conflicto que el esquema de control no logró evitar a tiempo.
La empresa acumuló miles de denuncias, multas y alertas oficiales durante casi dos años y siguió vendiendo pasajes. Ahora son los pasajeros quienes deberán esperar, en el mejor de los casos, a cobrar una parte de lo que pagaron.