La Justicia de Nueva York cerró la demanda civil contra el empresario cripto
Hayden Davis por el caso LIBRA, luego de que la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York,
considerara insuficientes los argumentos de los inversores para sostener los distintos cargos que habían planteado. La resolución alcanzó también a Gideon Davis, Charles Thomas Davis, Kelsier Ventures y Benjamin Chow, ex CEO de Meteora.
El reclamo había intentado encuadrar el caso bajo la
ley federal RICO, utilizada contra organizaciones vinculadas con actividades ilícitas, y sostenía que Davis y Chow habían armado una estructura para lanzar distintas memecoins y obtener ganancias a costa de los inversores. Rochon rechazó ese planteo al considerar que no se había demostrado la existencia de una organización ilícita sostenida en el tiempo y calificó parte de las acusaciones como “vagas”.
La jueza también rechazó la posibilidad de que los demandantes presentaran una segunda demanda enmendada. Según explicó en su fallo, aunque la nueva presentación incorporaba modificaciones, ninguna de ellas “subsana las deficiencias” detectadas en la primera y, por ese motivo, consideró que el nuevo planteo “es improcedente”. Entre los puntos analizados también estuvo la decisión de llevar el caso a Nueva York, dado que Kelsier Ventures tiene sede en Texas.
La demanda había sido presentada por los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta y estaba dirigida contra Davis y otros integrantes del entorno empresario vinculado al lanzamiento de LIBRA, la criptomoneda que
Javier Milei difundió públicamente en febrero de 2025.
El expediente estadounidense era una causa civil orientada a recuperar fondos y no tenía como acusados formales a
Milei, Mauricio Novelli ni Manuel Terrones Godoy, quienes sí aparecen vinculados a la investigación que se desarrolla en Argentina.
En ese sentido, la causa local continúa su curso. Esta semana, la Cámara Federal porteña declaró inadmisible el planteo de los inversores que buscaban llegar a Casación Penal después de haber sido apartados como querellantes. La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola y dejó la investigación argentina bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano.