El jueves por la tarde, el Senado convirtió en ley la
reforma del régimen de Zona Fría con 38 votos a favor y 8 en contra. La diferencia entre los aliados provinciales marcó la sesión, puesto que mientras los aliados del norte acompañaron al oficialismo, representantes de distritos alcanzados por el recorte rechazaron la iniciativa, que
reduce el beneficio para 11 provincias y deja a 1,6 millones de hogares sin el subsidio.
La nueva ley mantiene el régimen para la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, pero modifica el esquema que desde 2021 había incorporado a más de 3 millones de hogares de nuevas zonas de
San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
En esas regiones, el descuento de entre 30% y 50% quedará limitado a quienes estén incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla criterios de ingresos y que incluye a personas con discapacidad y excombatientes.
El impacto será
especialmente fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde 55 ciudades perderán el beneficio, entre ellas
General Pueyrredon, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría, Azul y Pergamino. También quedarán excluidas localidades de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis, Salta, La Rioja y Tucumán, mientras que en Mendoza únicamente Malargüe conservará el régimen.
Cabe mencionar que también modifica la forma en que se calcula la asistencia incluso para las regiones que conservan el beneficio. El subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la factura y alcanzará únicamente al consumo de gas, por lo que el costo final también aumentará para los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna.
La disputa por Zona Fría
La sanción fue posible por el respaldo de bloques provinciales que responden a los gobernadores del norte. Este grupo acompañó el proyecto oficialista a cambio de una promesa de compensación para las tarifas eléctricas de las llamadas "zonas cálidas".
Senadores patagónicos, legisladores del PRO y parte de la UCR respaldaron la moción, mientras que los radicales de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Mendoza votaron en contra. El peronismo, por su parte, se retiró del recinto durante la votación.
El Gobierno había cuestionado desde el comienzo la ampliación aprobada en 2021, que llevó el universo de beneficiarios de unos 950.000 hogares a más de 3 millones. Con la reforma, la Secretaría de Energía estima que d
e los 3,4 millones de usuarios que actualmente reciben el subsidio alrededor de 1,6 millones dejarán de percibirlo, mientras que el Ejecutivo sostiene que el nuevo esquema permitirá concentrar la asistencia según la situación socioeconómica de cada hogar.
En esa línea, la administración libertaria celebra que el recorte permitirá ahorrar unos US$400 millones anuales, fondos que se destinarían a cancelar deudas con distribuidoras y a reducir gradualmente el recargo que pagan los usuarios de todo el país por el transporte energético, del 7,5% al 5,85%.