09.08.2026 / Estados Unidos
25 estados demandan a Trump por sus nuevos aranceles tras el fallo de la Corte Suprema
Una coalición de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para bloquear los nuevos aranceles aplicados a importaciones de decenas de países. Los fiscales sostienen que el Gobierno intenta reinstalar impuestos a las importaciones que la Corte Suprema ya había declarado ilegales bajo otro fundamento jurídico.
La acción judicial apunta contra los aranceles de entre el 10% y el 12,5% que Washington comenzó a aplicar a productos provenientes de 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea. La administración Trump justificó estas medidas al argumentar que esos países no hicieron lo suficiente para combatir el uso de trabajo forzado en sus cadenas de suministro.
Por qué los estados consideran ilegales los nuevos aranceles
Los fiscales generales sostienen que el Gobierno utiliza la preocupación por el trabajo forzado como un "pretexto" para reinstalar un esquema de aranceles de alcance general que ya había sido rechazado por la Justicia. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la administración intenta "volver a aumentar ilegalmente los impuestos sobre familias y empresas" después de haber perdido en la Corte Suprema.
La demanda también cuestiona que la administración no habría cumplido con los procedimientos exigidos por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, norma invocada esta vez para justificar los nuevos gravámenes. Según los demandantes, no existió una investigación adecuada ni evidencia suficiente que respaldara una medida de semejante alcance.
El antecedente de la Corte Suprema
La disputa forma parte de una larga batalla judicial sobre la política arancelaria de Trump. A comienzos de este año, la Corte Suprema determinó que el presidente no podía utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles globales de la manera en que lo había hecho durante su segundo mandato. Tras ese revés, la Casa Blanca recurrió a otro instrumento legal, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para lanzar un nuevo paquete de tarifas.
La administración sostiene que esta nueva estrategia se encuentra dentro de las facultades presidenciales y que la legislación utilizada ofrece un respaldo jurídico más sólido. Sin embargo, los estados demandantes afirman que, en los hechos, se trata del mismo esquema de gravámenes con una fundamentación diferente.
Qué puede pasar ahora
El caso volverá a quedar en manos del Tribunal de Comercio Internacional, que deberá determinar si los nuevos aranceles respetan los límites establecidos por la legislación estadounidense o si constituyen un intento de eludir el fallo previo de la Corte Suprema. La resolución podría tener impacto sobre la estrategia comercial de Trump y reabrir el debate sobre hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo estadounidense para imponer aranceles sin una intervención del Congreso.
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