Cancillería rechaza las acusaciones de Maduro contra el gendarme Nahuel Gallo: "Son falsas e infundadas"

El Gobierno de Argentina ha rechazado con firmeza las acusaciones formuladas por el presidente venezolano Nicolás Maduro contra el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela. Según Maduro, Gallo habría intentado poner en peligro la seguridad de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Sin embargo, las autoridades argentinas calificaron estas acusaciones como "totalmente falsas" y sin "ninguna base probatoria", destacando que no se ha encontrado evidencia que respalde los cargos presentados por el régimen de Maduro.

A través de un comunicado conjunto emitido por la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno subrayó que Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos migratorios establecidos. "Presentó su documentación, notificó su domicilio y siguió los protocolos correspondientes antes de su viaje", enfatizaron las autoridades argentinas. En este sentido, las acusaciones en su contra fueron calificadas como un intento de "desviar la atención de la grave crisis" que atraviesa el régimen venezolano.



El Ejecutivo argentino reiteró su solicitud de "liberación inmediata e incondicional" de Gallo, exigiendo que se garantice su "integridad física y psíquica" y se respeten sus derechos humanos conforme al derecho internacional. El comunicado también hace referencia a un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documentó las "graves irregularidades" cometidas por el régimen de Maduro, especialmente en lo que respecta a la represión política y el control social, así como los esfuerzos para obstaculizar a la oposición democrática.

Cabe señalar que el Gobierno argentino condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y llamó a la comunidad internacional a "repudiar enérgicamente estos actos". Asimismo, reiteraron su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en la región, y aseguraron que seguirán impulsando acciones ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) para que el régimen de Maduro sea responsabilizado por las "violaciones sistemáticas de los derechos humanos".

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