Tras las repercusiones de la expulsión del senador Edgardo Kueider, que incluyó presentaciones judiciales del entrerriano para pedir la nulidad de la sesión en la que se definió su salida, el Senado se enfrenta a un nuevo conflicto interno: las dietas de los legisladores de la Cámara alta superarán los $9 millones en bruto desde el 1 de enero si no hay una prórroga del congelamiento aprobado en agosto a través de una resolución.
Finalizada la sesión del jueves pasado, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, advirtió ante la prensa que, en una reunión previa, propuso el tratamiento del proyecto de prórroga del congelamiento, que no fue aceptado por los senadores. “Como ustedes saben, yo no soy senadora y sólo facilito las condiciones para el tratamiento y la discusión de este tema, pero no soy la que toma las decisiones”, aclaró la vicepresidenta sobre el aumento de las dietas. Y agregó que “la población está haciendo un esfuerzo inmenso desde lo económico, por lo que entiendo que deberíamos estar a la altura y se deben congelar las dietas”.
Durante las últimas horas, en los pasillos del Congreso circuló la versión de que se podría presentar una nota dirigida a la presidencia firmada por los jefes de los bloques solicitando la prórroga. Sobre esta posibilidad, desde el despacho de Villarruel advirtieron a C5N que no sería legal que se modifique una resolución del Cuerpo con unas pocas firmas.
También destacaron que, en múltiples ocasiones, las decisiones de los jefes de las bancadas no han sido representativas de todos sus miembros. En este sentido, aclararon que, si fuera firmada por los 70 senadores (de los 72 que tiene la Cámara, se resta obviamente a Edgardo Kueider quien fue removido la semana pasada y al chaqueño Víctor Zimmerman, que se encuentra de licencia), se podría considerar como válida.
La otra alternativa que tiene Villarruel es la de convocar a una sesión para tratar la resolución que prorrogue el congelamiento que vence en enero, aunque se encuentra con la encrucijada de la asunción de la camporista Stefanía Cora -quien debe reemplazar a Kueider tras su expulsión por ser la siguiente en la lista por la que ingresó el entrerriano en 2019-.
Al ser consultados por este medio, sus allegados niegan que esto sea un problema, ya que advierten que se trataría de una reunión meramente interna y que Cora debería asumir en el período ordinario que comienza el próximo 1 de marzo. No obstante, al abrir el recinto, las chances de que el peronismo reclame la banca, son muy altas.
En los próximos días, los referentes de los bloques deberán resolver qué decisión toman respecto del aumento de sus dietas, dado que el rechazo que generó el aumento que votaron en abril fue muy importante. En ese entonces, los senadores aprobaron -a mano alzada y sin debate- un aumento en sus módulos que llevaba sus ingresos de $1,7 millones a $4 millones.
La opinión pública fue muy contundente en su impugnación a los legisladores y, en agosto, cuando se otorgó nuevo aumento a los empleados legislativos, se dio el cimbronazo que finalizó con el “desenganche” de las paritarias del resto de los empleados del Congreso. La marcha atrás, luego del escandaloso aumento de algunos meses previos, evitó que los senadores pasaran a cobrar $9 millones desde el 1 de agosto.
La resolución 27/24 que permitió desenganchar las dietas de las paritarias y congeló las dietas está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo tanto, si no se efectiviza una prórroga o se toma una pronta definición de consenso, los legisladores volverán a percibir un ingreso que supera los $9 millones a principios de febrero.
La otra alternativa posible sería posponer la definición sobre las dietas hasta fines de febrero, cuando se lleve adelante la sesión preparatoria donde se renuevan autoridades. No obstante, si eso ocurre, los senadores ya habrán cobrado el aumento a principios de mes y la mirada pública estará puesta una vez más sobre la Cámara alta.
