Luego de varias semanas en busca de apoyos políticos, el Gobierno decidió que ajustará las jubilaciones por DNU en abril y sumará un monto que rondará entre el 12 y el 14 por ciento. La publicación en el Boletín Oficial será inminente.
De esta manera, el formato de actualización estará basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje extra. Son dos puntos por encima de la propuesta inicial de Caputo, que queda, sin embargo, por debajo del 20 por ciento que exigía la oposición.
Las instancias de negociación política con los otros partidos de cara a un eventual debate legislativo “se agotaron”, dijeron fuentes oficiales a Infobae. Más allá de la falta de consensos, desde el Ejecutivo apuraron la decisión para evitar que sobrepasara la fecha de empalme del 1° de abril. De esta manera, la aplicación de la nueva fórmula aplicaría los ingresos de los jubilados a partir de ese mes. Si demoraban más la decisión, advirtieron, iba a postergarse hasta junio, lo cual haría -aún más- insostenible la situación social del sector.
Con esta medida, el Gobierno descartó definitivamente los pedidos de PRO para tratar el proyecto de María Eugenia Vidal por el que había reclamado el jefe del bloque, Cristian Ritondo, en su reunión de la semana pasada en la sede nacional. La idea siempre fue evitar darle la iniciativa en este tema a los aliados.
Así, los libertarios se vieron obligados a resignar que la nueva fórmula previsional se trate en el marco de la Ley Ómnibus, como querían inicialmente. Es que el debate en comisión del paquete más importante para LLA recién empezaría después de Semana Santa, llegaría al recinto a partir de la segunda quincena de abril y, en caso de aprobarse, el ítem jubilatorio empezaría a regir recién a partir de mayo.
El DNU era la opción menos deseada para el Ejecutivo, que acaba de sufrir un fuerte revés con el de desregulación en el Senado, entre fuertes críticas de los otros espacios por la inconstitucionalidad de la medida. Y un decreto no sólo enfrenta la posibilidad de un rechazo por parte del Congreso sino serias chances de que se judicialice, como ocurrió con la reforma laboral y los aumentos de las prepagas.
