Eliminar la obra pública, en números: medio millón de empleos menos y más de 2 mil obras abandonadas

La suspensión de la obra pública que prometió el presidente electo Javier Milei, que busca el modelo "a la chilena" implicará el despido directo de 250 mil trabajadores de la construcción, el cierre de cientos de PyMES y grandes empresas y un sinfín de juicios contra el Estado por el incumplimiento de contratos vigentes.

Así lo determinaron empresarios del sector, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y funcionarios del Gobierno saliente, en diálogo con Página 12. La paralización  o eliminación de proyectos de obra pública en la Argentina pone en riesgo 500 mil puestos de trabajo: 250 mil que trabajan en proyectos que se encuentran en marcha y otros 250 mil empleados de empresas del sector privado que son contratistas del Estado y que indefectiblemente se verán afectadas en el corto plazo. Un funcionario de la gestión saliente lo grafica en pocas palabras: “Hoy tenemos el mayor registro de empleo en la construcción desde el regreso de la democracia”.


“No tenemos plata, esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Que las termine el sector privado", había sostenido Milei 48 horas después de ganar las elecciones, al prometer un ajuste fiscal sin precedentes en la historia democrática de la Argentina, mientras tanto terminaba de negociar con Macri el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo. 

A la posible quiebra de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo se le suma, la gran cantidad de juicios contra el Estado por el incumplimiento de los contratos ya firmados y licitaciones vigentes. Según datos del Ministerio de Obras Públicas hay 2.329 obras en ejecución y 676 proyectos en proceso de evaluación y aprobación. Entre finales de 2019 y septiembre de 2023 se finalizaron 4.419 obras en todo el país, con una inversión de $796.725 millones, la mayoría de conectividad e infraestructura vial, gestión de recursos hídricos e infraestructura urbana y rural.
“No entienden la dimensión de la obra pública, creen que las obras las hacen empleados públicos”, deslizó Página 12 un funcionario del gobierno saliente, que no alcanza a dimensionar el impacto que puede tener la eliminación de las obras públicas para las 8.000 PyMEs del sector. “En 2019, dos tercios estaban por quebrar o muy endeudadas. Ahora empezaron a tener superavit en los balances”, describe.

Algunos empresarios ya comenzaron a enviar telegramas de despido a los trabajadores, según reveló el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, en declaraciones a Radio 10, donde además advirtió que “si las obras se paran, como dice Milei, y vuelven a licitarse, se quedarían en la calle miles de empledos y muchas empresas quedarían complicadas”.

Mintras que, preocupado, el secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, encabezó un encuentro con la CGT este jueves, para comenzar a delinear la reacción ante la ola de recortes libertaria que no ocultan ni el presidente electo ni sus futuros ministros.

“Estamos expectantes y preocupados, somos muchas familias”, reconoció el secretario General de la UOCRA Zárate, Julio González, en declaraciones a Página 12 donde advirtió: “Nos encontrarán defendiendo los puestos de trabajo”.

“Me preocupa que se digan tantas barbaridades. Un delegado en La Rioja contaba que a fin de mes se paralizan las obras sin una fecha cierta de nuevo arranque. Ya hay telegramas de despido a muchos compañeros”, agregó.

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